La ley Anticorrupción del Perú, la Ley 30424 y sus modificatorias D.L 1352 / D.L 1385 y la ley 30835, regulan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por corrupción, el delito de cohecho, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, tráfico de influencias y colusión.

Actualmente distintos países están realizando reformas a su normativa interna con la finalidad de incorporar un sistema que responsabilice a las personas jurídicas, de modo que no solo se sancione penalmente a los sujetos individuales que laboran en las empresas (directivos, gerentes, línea operativa), sino también a la empresa, de acuerdo con la envergadura del delito cometido.